A raíz de una publicación en las páginas de Internet del Senador Ricardo Monreal, llamada ‘Camargo, Crimen de Estado’, por la que sugiere que la Fiscalía General de la República atraiga el hecho al orden federal, el Embajador de Guatemala en México comenta sobre preparar una solicitud dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sea calificado el lamentable suceso como ‘Crimen de Estado’.

Ante este problema, no debemos olvidar, que desde enero del 2020 se cumplió un año de investigaciones contra más de 20 probables ‘redes de traficantes de personas’ que operan en México y que podrían tener alcances internacionales. Donde están involucrados operadores de tráfico de personas desde las propias fronteras de Guatemala, Honduras y El Salvador, pasando por autoridades y bandas de México.

Estas redes criminales aprovechan la necesidad de las personas de salir de sus países de origen y llegar a los Estados Unidos, para cobrarles cantidades que pueden ser desde 100 mil hasta los 200 mil pesos por persona. Se ha identificado que, además del traslado y resguardo de personas, estas bandas ofrecen hasta cinco intentos para lograr la internación de las personas a los Estados Unidos. Estas personas huyen de las condiciones de violencia y falta de oportunidades económicas de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Desde enero del 2020, una primera caravana migrante –la primera de 2020 proveniente de Centroamérica– llevó a cabo dos intentos por cruzar hacia México. Sin embargo, en ambos ocasiones la Guardia Nacional frenaron su paso, sin embargo al cierre del año 2020 registran más de 60 mil centroamericanos a lo largo de la frontera norte desde Tijuana hasta Matamoros. Sin contar los transmigrantes diseminados desde el sur sureste y centro del país.

Desde el 10 de enero de este año 2021 se contabilizan más de 7 mil nuevos transmigrantes copados por estas mismas 20 bandas de traficantes de personas.

Al abrir esta investigación, se tendrá que dar respuesta por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación, Instituto Nacional de Migración, CNDH y la propia Guardia Nacional, para responder qué autoridades son las que permiten, ya sea por omisión o por cierta complicidad de los tres órdenes de gobierno federal, estatales y municipales, para que sigan por más de un año hasta 60 mil personas migrantes retenidas, muchas en campamentos, otras más secuestradas, intentando cruzar a los Estados Unidos, con los pagos citados desde 100 mil hasta superar los 200 mil pesos a manos criminales.

Este es un jugoso negocio, además de ser un delito del orden federal, incluso internacional, que seguramente también lo saben y permiten los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, por ello también se deberá señalar su responsabilidad compartida. 

¿Acaso estos hechos los desconocen los que ahora preparan demandas a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se muestran indignados?

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